Para todo menos para vigilancia y seguridad; denuncian uso abusivo y político del C5i
Aldo Romero/Enigma Diario
Personal operativo del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que solicitaron la gracia del anonimato, emitieron una denuncia pública para exponer una serie de irregularidades efectuadas desde el interior de la dependencia por parte de sus directivos.
En primera instancia, los denunciantes apuntaron en contra del director general Gerardo Bucio Vergel, del Jefe de Oficina y Coordinador de Videovigilancia, Darío Rojas Mancilla y el Jefe de Departamento, Alejandro Andrés Mena Rivera a quienes acusan de ser omisos en garantizar el correcto funcionamiento del sistema de videovigilancia en el estado; ejercer acoso, intimidación, abuso de poder y diversas violaciones sistemáticas a los derechos laborales.
Entre las diversas irregularidades, revelaron que aproximadamente 60 por ciento de las cámaras de videovigilancia se encuentran sin conexión; no funcionan o no responden a los comandos de movimiento, lo que impide el seguimiento en tiempo real y “debilita gravemente” las labores de seguridad. Lo anterior, pese a que dicho sistema de inteligencia le costó al gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros 300 millones de pesos.
Los quejosos mencionaron que, a pesar de dichas fallas, se les exige rapidez y resultados con equipos que no sirven, pues además de las anomalías con las cámaras, las computadoras reportan lentitud, “ratones y teclados que se traban” y mobiliario deteriorado.
Señalaron que el monitoreo continuo es “físicamente agotador”, pues mencionan que pasan hasta 11 horas sentados en sillas en mal estado. Incluso, revelaron que el tiempo para ir al sanitario es cronometrado, por lo que, en caso de registrarse un incidente, como el robo a una tienda de conveniencia, se les levanta un acta administrativa.
Por otra parte, informaron que, desde marzo de 2025, cuando Bucio Vergel asumió la dirección, los trabajadores reportaron de manera constante las fallas técnicas y la falta de capacitación, obteniendo como respuesta la nula iniciativa para aplicar planes de mejora y regaños que van desde sanciones arbitrarias y despidos injustificados.
Incluso, informaron que se les obliga a firmar cartas de renuncia anticipadas, práctica que consideraron ilegal y que es utilizada como mecanismo de control.
La semana pasada, una compañera fue tratada con tal violencia verbal que terminó firmando su renuncia… la amenaza es permanente: quien cuestione o no obedezca, se va”, expresaron en su denuncia pública.
Además de las irregularidades técnicas y abusos de poder los trabajadores denunciaron el uso político de la dependencia que, se supone, debe estar enfocada a temas exclusivos con la seguridad.
Informaron que se les ha obligado a realizar actividades partidistas en Morena, tales como afiliaciones, detallando que a cada trabajador se le exige afiliar entre 10 y 15 personas, presentando copias de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y fotografías como “evidencia”.
Si no se cumplen las cuotas, hay represalias”, acusaron los quejosos.
Las irregularidades también se reflejan en las jornadas laborales y en el salario, las cuales no se ajustan a lo establecido en la ley.
Todas las irregularidades denunciadas, serían permitidas, solapadas y fomentadas por los directivos Gerardo Bucio Vergel, Alejandro Andrés Mena Rivera y Darío Rojas Mancilla, a quienes, además, tacharon de ser perfiles sin preparación profesional y técnica para estar al frente del sistema de videovigilancia en materia de seguridad
El problema es estructural: los perfiles de mando no corresponden con la complejidad del C5i”, advirtieron.
Quienes denuncian, exigieron el cese “inmediato” de los tres mandos mencionados, pues consideraron que la situación al interior de la dependencia es “insostenible”. En caso de no haber cambios, no descartaron la posibilidad de realizar un paro de labores.
