Acusa prensa tlaxcalteca a órgano electoral por actos de censura

El árbitro electoral local no solo estaría siendo señalado de inclinar la balanza a favor de un aspirante a la gubernatura, sino que ahora es denunciado por actuar contra medios de comunicación que exhiben a funcionarios que violentan la ley.

Redacción/Enigma Diario

Integrantes del gremio periodístico de Tlaxcala externaron su rechazo a la medida cautelar ordenada en el acuerdo ITE-CG 18/2026 que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) impuso a un medio de comunicación local y que consiste en retirar de sus plataformas un vídeo en el que se exhibe la forma en la que un funcionario público incurre en posibles actos violatorios a la ley electoral.

Ante el Consejero Presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Emmanuel Ávila González, los profesionales de la comunicación que integran la Unión de Periodistas de Tlaxcala (UPET) y el Consejo de Medios de Tlaxcala (COMECOT) externaron su preocupación con el resolutivo aprobado, pues consideraron que el órgano electoral no observa la labor periodística y califica a los medios de comunicación como los responsables de realizar proselitismo anticipado, exonerando a los servidores públicos que sí incurren en hechos violatorios a la ley.

Advirtieron que el ITE replica conductas de censura contra medios de comunicación, misma que ya se habían visto durante el proceso electoral judicial de 2025 y que producen efectos inhibitorios contra la prensa local.

Señalaron que la publicación censurada por el órgano electoral se ubica dentro de los márgenes de periodismo de denuncia y periodismo crítico completamente respaldados por el derecho a la libertad de expresión y de prensa.

En ese sentido, los periodistas solicitaron al ITE que cualquier medida que involucre contenidos periodísticos sea analizada bajo los estándares constitucionales y convencionales de máxima protección a la libertad de expresión, libertad de prensa y derecho ciudadano a recibir información.

Asimismo, pidieron que se realice una verificación reforzada antes de restringir contenidos informativos, además de que el órgano electoral deberá distinguir con claridad entre le eventual responsabilidad de los sujetos denunciados y la labor informativa de los medios de comunicación que documentan, critican o difunden hechos de interés público.