Dudan del gobierno de Cuéllar para garantizar el acceso a la información pública
Aldo Romero/Enigma Diario
Con 19 votos a favor y uno en contra, las y los integrantes de la 65 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, homologando así la reingeniería en el sistema de transparencia y acceso a la información pública que derivaron de la extinción de la extinción del organismo autónomo conocido como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La ley presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, presume que tiene el propósito de asegurar que toda la información en posesión de cualquier autoridad o persona que ejerza recursos públicos (sujetos obligados) sea pública y accesible a cualquier persona.
Entre sus principales objetivos se encuentran el establecimiento de procedimientos “sencillos y expeditos” para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; garantizar condiciones homogéneas y accesibles para los solicitantes, promover, fomentar y difundir cultura de la transparencia de la participación ciudadana y la rendición de cuentas; garantizar que la información generada sea confiable, completamente verificable, verás, oportuna y que utilice un lenguaje inclusivo, claro y comprensible garantizando el principio de máxima publicidad.
Asimismo, implementa una reingeniería institucional profunda, dando paso a la creación de “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala” como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que contará con autonomía funcional.
En el dictamen se justifica que la creación del nuevo órgano materializa la simplificación orgánica al migrar de una estructura de organismo constitucional autónomo como lo fue el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), a una estructura de órgano administrativo desconcentrado.
De acuerdo con la Diputada perredista, Laura Flores Lozano, quien votó en contra de la referida ley, no existen garantías de que se otorgue efectiva y auténticamente la información que se solicita, pues las instancias y dependencias públicas a las que se les va a pedir información, se convierten, ellas mismas, en juez y parte, lo que consideró incongruente.
Lamentó que la nueva ley establezca como autoridad en materia de transparencia a un Consejo Estatal presidido por el Poder Ejecutivo, mismo que estará manipulado por el órgano Transparencia para el Pueblo, cuyo titular será nombrado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
En ese sentido consideró que no hay condiciones para que el nuevo modelo garantice un verdadero acceso a la información.
