Alinearse con el delfín; la indicación para encubrir el daño patrimonial
Por Aldo Romero
Resultaba ingenuo pensar que la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 no sería usada como un arma de control político para satisfacer intereses de grupo.
Tras los resultados del 2024, más de una alcaldesa y alcalde tuvieron que dar su manita a torcer para entregarse al proyecto de Alfonso Sánchez García y librar así una fiscalización negativa.
El año pasado, varios alcaldes pudieron confirmar que su cuenta pública no habría sido aprobada no porque realizaran una mala ejecución de los recursos públicos, sino porque se trató de un tema selectivo, orquestado “desde arriba” para “castigar” su presunta indisciplina hacia el proyecto que comenzaban a construirle al entonces alcalde capitalino.
Varios de los ayuntamientos que resultaron con su cuenta pública reprobada no simpatizaban con Sánchez García; algunos preferían operar para otras opciones políticas y otros más, simplemente, no acataban las indicaciones de la segunda al mando en la entidad, la hoy “ex líder de Morena”, Marcela González Castillo.
La esposa del delfín fue quien dio la orden a los diputados locales de reprobar las cuentas públicas de aquellos municipios gobernados por alcaldes que no estaban respondiendo a los intereses de su jefa política: la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Y no lo digo yo, lo cuentan esos alcaldes que fueron víctimas de esa descarada presión.
¿Acaso no resultó extraño que, de un momento a otro, la mayoría de los alcaldes morenistas y no morenistas comenzaran a organizarle eventos al delfín?
Sumarse a proyectos hegemónicos para salvar sus pellejos a costa del presupuesto público; de esa forma opera el lorenismo.
Es por eso que hoy no sorprende ver que, en los informes individuales de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, municipios como Chiautempan, por citar solo uno, presenten un “probable” daño patrimonial superior a los 4 millones de pesos y que, de acuerdo con el OFS, pese a las anomalías detectadas, se concluya que las autoridades del municipio sarapero ejercieron de manera adecuada los recursos a su disposición.
Sabemos que la alcaldesa Blanca Angulo Meneses ha sido de las más fieles aplaudidoras de Alfonso, Marcela y Cuéllar; por eso no sorprende que en el Congreso perfilen la aprobación de su cuenta pública.
Son tiempos electorales y todas las autoridades deberán estar “del lado correcto” para librar posibles acciones legales en su contra.
Por lo que respecta al pueblo, la fiscalización seguirá siendo una simulación y un arma que se usará a conveniencia del grupo político que ostente el poder en turno. Mientras tanto, es válido preguntarse: ¿y los millones que no fueron comprobados a dónde fueron a parar?
