Gobierno prioriza la represión y la mentira para legitimar megaproyectos”: pobladores

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Redacción/Enigma Diario

Pobladores de la comunidad de San Pedro Ecatepec, perteneciente al municipio de Atlangatepec, emitieron un pronunciamiento para rechazar categóricamente la narrativa oficial expuesta en la “Tarjeta Informativa” publicada por el Gobierno del Estado de Tlaxcala sobre los hechos ocurridos la tarde del miércoles 24 de junio.

Acusaron al gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros de disfrazar la imposición de un proyecto “opaco” con el eufemismo de “estudios técnicos”, versión que criminaliza lo que consideraron es la legítima defensa del territorio.

Las acciones del Estado son una afrenta directa a nuestra soberanía comunitaria. La realidad de los hechos, sostenida en la dignidad de nuestro pueblo”, expresaron.

Señalaron que el documento del gobierno afirma que los trabajos en el predio responden a una “solicitud de habitantes de la región”, lo cual consideraron, es una mentira diseñada para “legitimar una invasión”

Enfatizaron que, desde las asambleas públicas celebradas en el mes de mayo, la comunidad expuso y demostró la falta de transparencia del proyecto; además de que en dichos foros manifestaron su rechazo total a la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) ante el temor fundado de que sus tierras sean convertidas en un basurero.

Lamentaron que en su comunicado el gobierno estatal acuse a los pobladores de portar “armas improvisadas” y de intimidar al personal, versión con la que aseguran, deliberadamente el gobierno oculta que la violencia sistemática fue ejercida por su propio aparato de seguridad.

Las fuerzas del orden desplegaron un operativo desproporcionado en el que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar y reprimir nuestra protesta pacífica. Condenamos la brutalidad de estas agresiones, las cuales vulneraron directamente la integridad de familias enteras, incluyendo mujeres, niños y menores de edad”, expresaron.

Por otra parte, expusieron que el Estado subraya su compromiso con “el diálogo y la transparencia”, lo cual es una contradicción profunda “e inaceptable” cuando sus mecanismos de “consenso” llegan escoltados por elementos antimotines y de la Guardia Nacional.

No existe diálogo genuino bajo la amenaza del gas lacrimógeno, ni se construye legalidad sobre la base de la represión y la desinformación”, apuntaron

Enfatizaron que su postura no es un capricho ni producto de la desinformación; pues se trata del ejercicio en defensa de su libertad y una exigencia estructural para proteger su entorno.

La rendición de cuentas que exigimos no es un simple trámite técnico o administrativo que se pueda solventar con tarjetas informativas ambiguas. Es el imperativo ético que debe regir cualquier acción gubernamental, una manifestación de principios diseñada para blindar nuestra estructura económica local y asegurar la trascendencia de las futuras generaciones”, apuntaron.

En ese sentido, refrendaron su rechazo “firme e inquebrantable” al megaproyecto PODECIBI, advirtiendo que no permitirán que decisiones cupulares comprometan el destino y los estándares de vida de sus familias.

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