A un año de su fallecimiento, exigen justicia por Carlos Abdiel y Carlos Manuel
Redacción/Enigma Diario
A un año del accidente de tránsito que cobró la vida de Carlos Abdiel y Carlos Manuel, familiares y amigos convocaron a una marcha pacífica el domingo 24 de mayo para exigir justicia y denunciar las presuntas irregularidades que han obstaculizado el avance del caso.
Las madres de las víctimas señalaron que la principal señalada, Karla Isabel N., servidora pública adscrita al C5i, podría obtener su libertad gracias a presuntos actos de protección institucional y decisiones judiciales que, aseguran, han favorecido a la imputada.
Lamentablemente la justicia aún no llega y la servidora pública puede quedar libre. Es una lástima que, después de comprobarse que ella fue la culpable, el gobierno siga encubriendo a su trabajadora”, expresaron las familiares.
De acuerdo con su denuncia, la acusada habría recibido beneficios por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y del Poder Judicial local, mediante jueces que, afirman, han provocado la dilación del proceso y obstaculizado el acceso a la justicia.
Ante la falta de una sentencia, las madres de los jóvenes buscan visibilizar las presuntas irregularidades institucionales y denunciar lo que consideran un encubrimiento por parte de las autoridades estatales.
La movilización está programada para las 09:30 horas y partirá desde el punto donde ocurrió el accidente, sobre la carretera Ocotlán-Tlaxcala.
Carlos Abdiel y Carlos Manuel fallecieron durante la madrugada del 19 de mayo de 2025, luego de que, de acuerdo a las versiones oficiales, Karla Isabel N. no respetara la luz roja del semáforo e impactara la motocicleta en la que viajaban los jóvenes.
Tras el accidente, la mujer abandonó el lugar y posteriormente fue localizada y detenida en el estado de Morelos el 13 de junio de 2025.
Sin embargo, en diciembre del mismo año, la jueza del Segundo Distrito Federal, Stefany Pérez Bustamante, ampliamente ligada al gobierno estatal, ordenó la reclasificación del delito de homicidio doloso a homicidio culposo, lo que permitiría a la imputada enfrentar el proceso en libertad.
Dicha decisión provocó inconformidad entre los familiares, quienes desde entonces mantienen una lucha pública para exigir justicia por la muerte de ambos jóvenes.
