Inminente el cierre de los rellenos sanitarios; municipios deben acatar su obligación constitucional: SMA

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Redacción/Enigma Diario

A un año de la aprobación de la Ley de Residuos Sólidos, ninguno de los 60 municipios de Tlaxcala ha cumplido con su responsabilidad constitucional de implementar sus propios programas integrales para el manejo de residuos, que contemplen la recolección, traslado y disposición final certificada, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado.

El funcionario estatal señaló que esta situación ha generado complicaciones logísticas en los rellenos sanitarios que aún permanecen en operación en la entidad, aunque aseguró que el Gobierno del Estado continuará brindando acompañamiento a los ayuntamientos mientras avanzan en el cumplimiento de sus obligaciones.

Aquino Alvarado informó que, hasta el momento, únicamente el Ayuntamiento de Tlaxcala capital ha solicitado autorización para habilitar un centro de transferencia de residuos sólidos, no obstante, indicó que otros municipios también han manifestado su intención de iniciar sus respectivos procesos para asumir el manejo de sus residuos.

En este contexto, reconoció la preocupación existente entre habitantes de Calpulalpan y Nanacamilpa por las dificultades que se han registrado en torno al manejo de la basura y la operación del relleno sanitario que atiende a la zona.

Sin embargo, aclaró que la SMA no ha autorizado la apertura de ningún centro de transferencia en Calpulalpan, como también lo confirmó el presidente municipal, debido a que cualquier proyecto de esta naturaleza requiere previamente de una declaratoria de impacto ambiental emitida por el Gobierno del Estado, trámite que hasta el momento no se ha concretado.

El titular de la SMA recordó que, por disposición oficial, los rellenos sanitarios de Tlaxcala deberán dejar de operar, y será cuestión de meses para que eso ocurra, razón por lo que exhortó a las autoridades municipales a realizar las adecuaciones necesarias para asumir su responsabilidad constitucional y poner en marcha sus programas integrales de manejo, traslado y disposición final de los residuos sólidos.

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