Basura política y electoral

Por Aldo Romero

Oficialmente, el relleno sanitario de Atlangatepec cerró sus puertas y, con ello, inicia un nuevo calvario para los municipios. La carga logística y económica que hoy asumen los 60 ayuntamientos es crítica.

Los ajustes legislativos que se realizaron para mitigar la crisis ante el cierre de los rellenos sanitarios a cielo abierto, por disposición oficial, alertaban sobre la ruta que habrían de tomar las autoridades municipales. Hubo tiempo para la prevención, la coordinación y la solución; sin embargo, la prioridad tanto del gobierno del estado como de los municipios fue otra.

La imperiosa necesidad de construir un proyecto político para garantizar la continuidad del actual grupo en el poder distrajo a los ayuntamientos de varios temas en beneficio de sus gobernados, entre ellos, la responsabilidad que debían asumir sobre el manejo de los residuos sólidos que se generaban diariamente en sus territorios.

En lugar de centrarse en lo que verdaderamente importaba, a la mayoría de los ayuntamientos se les exigieron, desde el gobierno, acciones de promoción en favor del ahora exdelfín, olvidando así atender su responsabilidad en el manejo de la basura.

Hubo muchas reuniones de evaluación entre funcionarios estatales y alcaldes, pero no crea, estimado lector, que eran encuentros para conocer la ruta crítica que habría de trazarse para evitar una crisis de la basura, sino juntas para evaluar el cumplimiento de las metas que se les habían trazado a cada uno de los alcaldes afines al grupo en el poder, relacionadas con el apoyo a Alfonso Sánchez García.

Para el gobierno y los municipios fueron casi 10 meses de invertir tiempo y recursos económicos en una campaña de posicionamiento que, más que generar simpatías, generó el rechazo de la ciudadanía, y el resultado final habla por sí solo.

No dimensionaron la problemática que se avecinaba una vez que el último relleno sanitario alcanzara su capacidad máxima y, por ende, cerrara de forma definitiva.

Tuvieron tiempo suficiente para informar a la ciudadanía sobre lo que se venía y cómo se podría trabajar en conjunto para mitigar sus efectos. Hoy, el pueblo sufre las consecuencias de un gobierno que priorizó su continuidad y de unos alcaldes agachones y sumisos.

Claro que a los ciudadanos nos toca hacer nuestra parte desde nuestros hogares para reducir la generación de residuos, pero la tardía respuesta de las autoridades no debe pasarse por alto; es una muestra de la omisión en la que incurrieron por priorizar intereses políticos y electorales.

Ya con una crisis de la basura encima, los ayuntamientos buscan desesperadamente trazar estrategias e impulsar una cultura del reciclaje, pero será todo un reto que, antes de que concluyan sus administraciones, logren las gestiones y los permisos para habilitar sus centros de transferencia de residuos, sobre todo porque aún existen intereses electorales y muchos querrán priorizar sus aspiraciones por encima de la crisis.

Mientras tanto, los gobiernos municipales deben analizar las alternativas para la disposición final de sus residuos: rellenos sanitarios de Puebla, Veracruz e Hidalgo son las opciones temporales, pero las afectaciones a las arcas municipales serán graves, pues el costo por tonelada de basura para depositarla en alguno de los rellenos de dichas entidades oscila entre los 320 y 416 pesos, sin contar los gastos de combustible y mantenimiento de las unidades recolectoras.

¿De dónde sacarán los recursos para cumplir con esos traslados? Pues de las carteras de los ciudadanos. Algunos ayuntamientos ya analizan un cobro extra para dar continuidad al servicio de recolección de basura.

De este problema debemos salir todos juntos, atendiendo nuestras respectivas responsabilidades, pero era importante señalar que el gobierno del estado y los municipios dejaron todo para el final por priorizar, entre otras cosas, su basura política y electoral.